Tras meses de disputas políticas e incertidumbre, el paquete legislativo Omnibus de la Unión Europea se ha vuelto a estancar. El pasado miércoles 22 de octubre, los miembros del Parlamento Europeo rechazaron el mandato propuesto por la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) para iniciar negociaciones, con 318 votos en contra, 309 a favor y 34 abstenciones.
Esta última votación supone un importante revés para la ambición de la Comisión Europea de “simplificar” las normativas de sostenibilidad propuestas dentro de un paquete más amplio de medidas, anunciado por primera vez por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en noviembre de 2024. La iniciativa Omnibus, presentada formalmente en febrero de 2025, tenía como objetivo racionalizar el marco de sostenibilidad de la UE —en particular, la Directiva de Informes de Sostenibilidad Corporativa (CSRD) y la Directiva de Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa (CSDDD).
Para las empresas y los reguladores nacionales, este rechazo prolonga un período de limbo regulatorio. Casi un año después de su anuncio, la incertidumbre legislativa en torno al paquete Omnibus sigue frustrando a muchos dentro de la UE que esperaban mayor claridad sobre el panorama en evolución del reporte y la diligencia debida.
CSRD: Enmiendas propuestas
El borrador del Comité JURI se presentó como una forma de aliviar la carga administrativa, centrando las obligaciones de reporte en las mayores empresas europeas. Entre los cambios propuestos se incluían:
- Limitación del alcance: el reporte se restringiría a empresas con más de 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación anual neta, limitando los requisitos a las grandes corporaciones.
- Reporte voluntario para PYMEs: las empresas fuera de este umbral serían invitadas a reportar de forma voluntaria bajo el marco VSME (Voluntary SME).
- Menor carga sobre la cadena de valor: las solicitudes de información se limitarían a los datos definidos dentro del marco voluntario de reporte.
- Estándares simplificados: los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad (ESRS) se centrarían en datos cuantitativos, mientras que los estándares sectoriales serían opcionales.
CSDDD: Aspectos clave
Bajo la CSDDD también se propusieron medidas similares de “simplificación”, entre ellas:
- Reducción del alcance: la directiva se aplicaría solo a empresas de la UE con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación global, o a empresas no europeas con más de 1.500 millones de euros de ingresos en la UE.
- Diligencia debida basada en riesgos: las empresas solo estarían obligadas a solicitar información cuando exista un potencial de impacto negativo o riesgo, alineando la diligencia debida con un enfoque basado en el riesgo.
- Planes de transición climática: las empresas seguirían obligadas a publicar un plan de transición climática, alineando sus estrategias con el Acuerdo de París y una economía sostenible.
- Sanciones: las multas máximas por incumplimiento se limitarían al 5 % de la facturación global.
Perspectivas
Según los defensores de las enmiendas presentadas, el texto propuesto habría reducido los costes de cumplimiento, simplificado las obligaciones y reforzado la competitividad europea —especialmente en un contexto de incertidumbre económica y geopolítica. Varios grupos empresariales de la UE habían recibido con cautela la idea de simplificación.
Sin embargo, el rechazo del miércoles demuestra la fragilidad de la elaboración de políticas de sostenibilidad en la UE. El resultado deja un nuevo estado de incertidumbre. Lo que inicialmente pretendía simplificar el reporte se ha convertido en otra capa de “Euroincertidumbre”, dejando a muchas empresas sin saber qué versión de la CSRD y la CSDDD se les aplicará y cuándo.
Tras este rechazo, los eurodiputados votarán las enmiendas en la próxima sesión plenaria en Bruselas el 13 de noviembre, con el objetivo de finalizar la legislación antes de que termine 2025.
