El pasado jueves 1 de junio de 2023, el Parlamento Europeo volvió a votar a favor de la introducción de la Directiva sobre la diligencia debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD).
La directiva, propuesta por primera vez en febrero de 2022, tiene como objetivo responsabilizar a las empresas de las infracciones de los derechos humanos y de las normas medioambientales en sus cadenas de valor.
Esta última votación, aunque no contó con el abrumador apoyo del comité de justicia que sí tuvo anteriormente en abril, supone otro paso más para obligar a las empresas a evaluar y comunicar el impacto de sus cadenas de suministro en materia medioambiental y de derechos humanos. Si bien la directiva no está exenta de críticas ni limitaciones, sigue la estela de la Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz alemana y la Åpenhetsloven noruega, dos normas destinadas a aumentar la transparencia dentro de la cadena de suministro.
Tras la exitosa votación del 1 de junio, la directiva pasará ahora por las negociaciones interinstitucionales, los llamados «trílogos», con la Comisión Europea y los Estados miembros, que ya han acordado una posición común.
La importancia de esta última ronda de votaciones no debe subestimarse. Muchas ONG y mecanismos de información presentan datos que muestran un aumento de la prevalencia de la esclavitud moderna y la explotación; por ello, es más importante que nunca implementar una visión sólida y coordinada para combatir un problema global como este.
A medida que la propuesta de directiva se acerca a su aprobación, las empresas a las que esta puede afectar deben procurar tener en marcha los sistemas adecuados para aplicar la diligencia debida que les permita elaborar unos informes anuales que serán cada vez más examinados.
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