Las nuevas reglas de la Ley Federal para la Prevenci\u00f3n e Identificaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita – LFPIORPI<\/strong>, tambi\u00e9n conocida como la Ley Antilavado en M\u00e9xico<\/strong>, refuerzan que, para las empresas, el reto ser\u00e1 transformar nuevas obligaciones regulatorias en procesos de debida diligencia trazables y eficientes.<\/p>\n\n\n\n El 7 de agosto de 2026, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico present\u00f3 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n <\/a>el Acuerdo 115\/2026, que modifica las Reglas de Car\u00e1cter General de la LFPIORPI. Las nuevas disposiciones entrar\u00e1n en vigor, con car\u00e1cter general, el 30 de noviembre de 2026, aunque varias obligaciones tendr\u00e1n una implementaci\u00f3n escalonada durante 2027 y 2028.<\/p>\n\n\n\n El cambio supone mucho m\u00e1s que nuevas formalidades. Las organizaciones sujetas a la normativa tendr\u00e1n que avanzar hacia un modelo en el que conocer con qui\u00e9n hacen negocios, identificar riesgos, mantener informaci\u00f3n actualizada y monitorear las operaciones de forma continua adquiere todav\u00eda mayor relevancia.<\/p>\n\n\n\n Uno de los cambios centrales es la incorporaci\u00f3n de un Enfoque Basado en Riesgos (EBR). Esto implica que, quienes realicen Actividades Vulnerables, deber\u00e1n dise\u00f1ar e implementar una metodolog\u00eda que permita identificar, analizar, medir y mitigar sus riesgos; por lo que dicha evaluaci\u00f3n deber\u00e1 considerar, entre otros factores, los actos u operaciones realizados, el tipo de clientes o usuarios, los pa\u00edses y \u00e1reas geogr\u00e1ficas involucrados y los canales utilizados. DOF<\/a><\/p>\n\n\n\n Esto supone una evoluci\u00f3n importante en el que el cumplimiento deja de centrarse \u00fanicamente en disponer de expedientes y documentaci\u00f3n para avanzar hacia un modelo en el que la organizaci\u00f3n debe comprender y demostrar sus riesgos y las medidas utilizadas para mitigarlos.<\/p>\n\n\n\n Las nuevas reglas tambi\u00e9n establecen un modelo para clasificar a los clientes o usuarios en al menos tres niveles de riesgo bajo, medio y alto. La evaluaci\u00f3n deber\u00e1 revisarse como m\u00ednimo cada seis meses, con mayor frecuencia cuando el nivel de riesgo sea m\u00e1s elevado. <\/p>\n\n\n\n Para las empresas sujetas a la LFPIORPI ya no ser\u00e1 suficiente con recopilar documentos de identificaci\u00f3n: deber\u00e1n mantener la informaci\u00f3n actualizada y conocer mejor el comportamiento esperado de sus clientes.<\/p>\n\n\n\n Esto implica construir un perfil transaccional, es decir, entender qu\u00e9 tipo de operaciones realiza normalmente cada cliente, por qu\u00e9 montos, con qu\u00e9 frecuencia, en qu\u00e9 zonas geogr\u00e1ficas y cu\u00e1l es el origen y destino de los recursos. Esta informaci\u00f3n permitir\u00e1 detectar operaciones que se alejen de su comportamiento habitual y que puedan requerir una revisi\u00f3n adicional. Acuerdo 115\/2026 \u2013 Diario Oficial de la Federaci\u00f3n<\/a><\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, las organizaciones deber\u00e1n reforzar la identificaci\u00f3n del beneficiario controlador, es decir, conocer a la persona f\u00edsica que realmente posee, controla o se beneficia de una empresa, aunque su nombre no necesariamente sea el que aparece directamente en la relaci\u00f3n comercial. En el caso de las personas morales, uno de los primeros criterios que establecen las reglas es identificar a quienes poseen 25% o m\u00e1s de participaci\u00f3n en el capital social; si esto no permite determinar al beneficiario controlador, deber\u00e1n analizarse otros criterios de control. <\/p>\n\n\n\n En t\u00e9rminos pr\u00e1cticos, las empresas necesitar\u00e1n saber no solo con qu\u00e9 compa\u00f1\u00eda est\u00e1n haciendo negocios, sino tambi\u00e9n qui\u00e9nes son las personas que realmente la poseen o controlan y si existen factores de riesgo que requieran mayor atenci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las obligaciones se dirigen principalmente a las personas f\u00edsicas y morales que realizan las denominadas Actividades Vulnerables previstas en el art\u00edculo 17 de la LFPIORPI.<\/p>\n\n\n\n Entre ellas se encuentran, bajo los supuestos y umbrales establecidos por la Ley, actividades relacionadas con desarrollo y operaciones inmobiliarias, veh\u00edculos, joyer\u00eda y metales preciosos, obras de arte, servicios profesionales, pr\u00e9stamos o cr\u00e9ditos no financieros, fe p\u00fablica, donativos, traslado de valores, arrendamiento de inmuebles y activos virtuales, entre otras. El SAT<\/a> mantiene la relaci\u00f3n y los criterios aplicables a estas actividades. <\/p>\n\n\n\n Por ello, no todas las empresas mexicanas quedan autom\u00e1ticamente sujetas a las mismas obligaciones por el simple hecho de operar en M\u00e9xico. Cada organizaci\u00f3n debe determinar si las actividades que realiza se encuentran dentro de los supuestos establecidos por la LFPIORPI.<\/p>\n\n\n\n Aunque el Acuerdo entra en vigor el 30 de noviembre de 2026, la implementaci\u00f3n ser\u00e1 progresiva.<\/p>\n\n\n\nDe recopilar informaci\u00f3n a gestionar el riesgo<\/h2>\n\n\n\n
Mayor conocimiento de clientes y beneficiarios controladores<\/h2>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 empresas est\u00e1n afectadas?<\/h2>\n\n\n\n
Un calendario que exige comenzar a prepararse<\/h2>\n\n\n\n